1. El Registro Civil y los datos inscribibles
En la vida social hay que acreditar con seguridad la edad, el estado de soltero o casado (entre otras cosas, para evitar la bigamia, que es delito: art. 217 CP) o la existencia de una medida de apoyo. Al Estado, además, le interesa tener un «fichero» de sus ciudadanos. Ese fichero es el Registro Civil.
Coloquialmente, estado civil es estar casado o no. En sentido técnico es mucho más: para la mayoría de los autores, cualquier cualidad o circunstancia estable de la persona que afecte a su capacidad de obrar o al ejercicio de su capacidad jurídica. Y el Registro recoge incluso datos que no son estados civiles.
Art. 2.2 de la Ley 20/2011, del Registro Civil
«El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente ley».
La mayoría de edad no se inscribe
Aunque sea un estado civil indiscutible para quien admite la categoría, no se inscribe por una razón práctica: basta sumar a la fecha de nacimiento los años que exige la ley (en nuestro Derecho, la Constitución: art. 12).
La LRC de 1957 estuvo vigente hasta la entrada en vigor completa de la LRC de 2011, cuya vacatio legis se prorrogó varias veces hasta que la Ley 6/2021, de 28 de abril, la fijó en el 30 de abril de 2021. La nueva ley crea un Registro único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, con un registro individual por persona y un código personal alfanumérico desde la primera inscripción.
Datos inscribibles
El art. 4 LRC (modificado por la Ley 8/2021) enumera lo que se inscribe sobre la «identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona»:
1.
El nacimiento.
2.
La filiación.
3.
El nombre y los apellidos y sus cambios.
4.
El sexo y el cambio de sexo.
5.
La nacionalidad y la vecindad civil.
6.
La emancipación y el beneficio de la mayor edad.
7.
El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.
8.
El régimen económico matrimonial legal o pactado.
9.
Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10.
Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.
11.
Las resoluciones judiciales sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
12.
La constitución y el régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
13.
La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.
14.
Las declaraciones de concurso de las personas físicas y la intervención o suspensión de sus facultades.
15.
Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.
16.
La defunción.
El Registro es así el soporte de la «biografía jurídica» de la persona, desde que nace hasta que muere.
Numerus clausus
La lista es cerrada: los particulares no pueden pedir que conste un hecho o cualidad no previsto por la ley. Por ejemplo, no se inscriben los abortos (salvo la constancia, sin efectos jurídicos, de los fetos fallecidos después de los seis primeros meses de gestación) ni la sustitución plena del nombre y apellidos por un seudónimo. Un título nobiliario puede recogerse en el asiento, pero no como dato inscribible propio (art. 135.3 RRC).
Según el art. 9 LRC, constan los hechos inscribibles que afectan a españoles y los ocurridos en territorio español aunque afecten a extranjeros (nacimientos, matrimonios o defunciones de inmigrantes o residentes). También los ocurridos fuera de España cuando deban servir de base a inscripciones marginales exigidas por el Derecho español.
También extranjeros
«En el Registro Civil constan los hechos inscribibles que afectan a españoles, pero no los de los extranjeros» es falso (PEC 2023–2024).
2. El nombre y los apellidos
El nombre
El nombre de pila es el dato identificador inicial y quizá el principal. Hasta la LRC de 1957 era corriente llevar tres, cuatro o cinco nombres, y las mujeres solían empezar por «María» seguido de advocaciones marianas. Hoy rige el art. 50 LRC: toda persona tiene derecho a un nombre desde el nacimiento, y las personas se identifican por su nombre y apellidos.
Art. 51 LRC: límites del nombre
El nombre se elige libremente, con estas limitaciones, que se interpretan restrictivamente:
1.
No más de dos nombres simples o uno compuesto.
2.
Ni nombres contrarios a la dignidad de la persona ni que hagan confusa la identificación. Desde la Ley 4/2023, para valorar la confusión no importa que el nombre corresponda o no al sexo o a la identidad sexual.
3.
Ni el nombre de un hermano con idénticos apellidos, salvo que haya fallecido.
Cuando el nombre lo pone el encargado del Registro (art. 50 LRC):
Si la filiación es desconocida, impone un nombre y unos apellidos de uso corriente.
Si los obligados no fijan el nombre, lo impone tras apercibirles y pasado un plazo de tres días: un nombre de uso corriente.
A petición del interesado o de su representante legal, el encargado sustituye el nombre por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas (posibilidad abierta por la Ley 40/1999).
Nombres en el examen
«María Blanca Carla» no puede inscribirse: solo se permite un nombre compuesto o dos simples (febrero 2023, 1.ª semana, pregunta 23; febrero 2024, 1.ª semana, pregunta 6; febrero 2025, 1.ª semana, pregunta 19). Si los padres no deciden, el encargado impondrá, tras apercibirles y pasados tres días, un nombre de uso corriente, no «el que considere» (febrero 2024, 1.ª semana, pregunta 3; febrero 2026, 1.ª semana, pregunta 23).
Los apellidos
El sistema español atribuye dos apellidos: tradicionalmente, primero el paterno y después el materno. Además, la mujer conserva sus apellidos al casarse: la costumbre de añadir el del marido nunca tuvo valor jurídico.
La evolución del orden de los apellidos:
Régimen tradicional (art. 109 CC)
La filiación determina los apellidos: primero el paterno
Con filiación por ambas líneas, padre y madre de común acuerdo pueden decidir el orden antes de la inscripción
Se suprime la prevalencia del paterno: deciden los progenitores; sin acuerdo, decide el encargado
Art. 49 LRC: falta de acuerdo
Si hay desacuerdo o no se han indicado los apellidos en la solicitud, el encargado requiere a los progenitores (o a los representantes legales del menor) para que comuniquen el orden en un plazo máximo de tres días. Pasado el plazo, el encargado acuerda el orden atendiendo al interés superior del menor.
Ni el paterno primero ni el menos frecuente
Sin acuerdo en tres días, el encargado no pone primero el apellido paterno ni el menos frecuente: decide atendiendo al interés superior del menor (febrero 2024, 2.ª semana, pregunta 17; septiembre 2024, pregunta 17).
La jurisprudencia aplicó ese espíritu incluso antes de que la ley entrara en vigor:
STS 76/2015, de 17 de febrero: el padre reclamó tardíamente la paternidad de un niño que llevaba desde su nacimiento los apellidos de la madre. El TS hizo una interpretación correctora y mantuvo el materno en primer lugar, porque así era conocido el menor en su entorno.
Sentencias posteriores (entre ellas, STS 659/2016 y 658/2017): la cuestión no es si el cambio perjudica al menor, sino si le beneficiaría; si no consta ese beneficio, no hay razón para alterar su primer apellido.
STS 496/2018, de 14 de septiembre: el orden puede cambiarse, pero no pueden suprimirse los apellidos de un progenitor si la filiación está determinada respecto de ambos.
Cambios de apellidos y de identidad
Art. 54.5 LRC: las víctimas de violencia de género y sus descendientes que estén o hayan estado en el núcleo familiar pueden obtener el cambio de apellidos sin los requisitos generales; por urgencia o seguridad, incluso el cambio total de identidad. Ya la LO 1/2004 lo había previsto, y el cambio puede llevar a apellidos completamente distintos de los originarios.
Art. 55 LRC: por otras razones de urgencia o seguridad, o circunstancias excepcionales, cabe el cambio de apellidos o de identidad por Orden del Ministerio de Justicia.
Apellido en peligro de extinción: lo admitía la normativa anterior (arts. 58 LRC-1957 y 208 RRC). La LRC vigente no lo prevé, pero la STS 629/2021, de 27 de septiembre, y una resolución de 2025 del Tribunal de Instancia de Zaragoza han admitido el cambio por esa causa.
3. Legislación y organización
De los libros parroquiales a la LRC de 2011
No hay Registro Civil: lo suplen los libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, regulados por el Derecho canónico (al menos desde el Concilio de Trento, 1545-1563)
Ley «provisional» de 17 de junio de 1870
La Constitución de 1869 declara la libertad de cultos: el Estado ya no puede depender de la parroquia y crea con urgencia su propio registro
Ley de 8 de junio de 1957 (Reglamento de 14 de noviembre de 1958)
Alabada por su técnica: introduce calificación y control de legalidad y amplía el contenido. Se adaptó a la Constitución sobre todo por vía reglamentaria
Ley 20/2011, de 21 de julio
Nuevo modelo acorde con la Constitución: registro único, electrónico e individual
El salto conceptual de 2011
La ley abandona la preocupación por la constatación territorial de los hechos y prioriza el historial de cada individuo. Suprime la división en secciones (nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales) y crea un registro individual con un código personal: esa es la gran novedad. El Registro es una base de datos única, con asientos informáticos y firma electrónica, pensada para que el ciudadano no tenga que acudir presencialmente a las oficinas.
El registro individual y el código personal
Art. 5 LRC: el registro individual
Cada persona tiene un registro individual con los hechos y actos relativos a su identidad, estado civil y demás circunstancias. Se abre con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique, y en él se inscriben o anotan, de forma continuada y cronológica, todos los hechos y actos que acceden al Registro.
Según el art. 6 LRC, a cada registro individual se le asigna un código personal: una secuencia alfanumérica generada por el Registro, única e invariable en el tiempo.
Registro individual, no libros
En la LRC de 2011 es correcto que «se regula un nuevo sistema informatizado basado en el registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigne un código personal». No hay dualidad de sistemas ni se mantienen libros y secciones (septiembre 2023, pregunta 2).
4. Los asientos del Registro
Asiento fundamental, permanente y sustantivo
Art. 39; prueba plena (art. 17)
Asiento provisional, de valor informativo
Enlace instrumental entre asientos
No la menciona; subsiste por el RRC
Asiento de la LRC de 1957 para el régimen de bienes del matrimonio
Sustituida por la inscripción del régimen económico junto al matrimonio (art. 60)
Asiento negativo que priva de eficacia a otro
Inscripciones
Son el asiento fundamental: permanentes y sustantivas, porque no dependen de otro asiento. El RRC llamaba principales a las de nacimiento, matrimonio, defunción y la primera de cada tutela o representación legal, porque «abrían folio», y marginales a las demás, que ocupaban el margen del folio de nacimiento. La distinción era solo formal: una inscripción marginal (la emancipación o la adopción, por ejemplo) tiene los mismos efectos que una principal.
Anotaciones
Introducidas por la Ley de 1957, son asientos secundarios y provisionales. Según el art. 40 LRC, en ningún caso tienen el valor probatorio de la inscripción: su valor es meramente informativo, salvo que la ley les atribuya valor de presunción (entonces, prueba iuris tantum). Se anotan, por ejemplo, el acogimiento, la guarda administrativa y la guarda de hecho.
Notas marginales e indicaciones
Las notas marginales, o notas de referencia, son asientos breves que relacionan las inscripciones entre sí y facilitan la consulta (J. Peré Raluy). Así, al margen del nacimiento se anotaba la referencia al matrimonio, la tutela o la defunción, lo que muestra el papel central de la inscripción de nacimiento. Las indicaciones servían en la LRC de 1957 para hacer constar el régimen de bienes del matrimonio.
Cancelaciones
Cancelar es privar de eficacia a un asiento anterior. Según el art. 41 LRC, la cancelación priva de eficacia, total o parcial, a un asiento de cualquier clase por nulidad del propio asiento, por ineficacia o inexistencia del hecho o del acto, o por otra causa legal.
No solo inscripciones
A la pregunta «¿cuáles son las clases de asientos del nuevo Registro Civil?», con las opciones «solo las inscripciones» y «solo las anotaciones», la respuesta es «ninguna de las anteriores»: la ley regula inscripciones, anotaciones y cancelaciones (febrero 2023, 2.ª semana, pregunta 14; septiembre 2023, pregunta 22).
5. Las inscripciones: clases y valor probatorio
Las inscripciones son los únicos asientos con un régimen jurídico destacado, por su valor probatorio cualificado.
Declarativas y constitutivas
Los hechos inscribibles ocurren fuera del Registro y solo después ingresan en él. La inscripción es un posterius: piensa en el nacimiento o la muerte. Por eso la inscripción es, por regla general, declarativa: constata algo que ya produjo sus efectos con independencia de ella.
En las constitutivas, en cambio, la inscripción es un requisito más del acto: sin ella, el acto no produce efectos. Son excepcionales: «solo tendrá eficacia constitutiva en los casos previstos por la ley» (art. 18 LRC).
Obligatoria no es lo mismo que constitutiva
La mayor parte de las inscripciones son obligatorias y, sin embargo, declarativas. Que sea obligatorio inscribir es «harina de otro costal».
Inscripciones constitutivas:
1.
El cambio de nombre y apellidos. La inscripción caduca a los 180 días de notificarse la autorización.
2.
La adquisición derivativa de la nacionalidad (por residencia, opción y carta de naturaleza). En cambio, la inscripción de la pérdida de la nacionalidad es meramente declarativa (art. 68.1 LRC).
3.
Las declaraciones de conservación y recuperación de la nacionalidad y de la vecindad civil.
Declarativa por regla, constitutiva por excepción
Es correcto que «la mayor parte de las inscripciones, aunque sean obligatorias, tienen carácter declarativo, siendo excepcionales las constitutivas»; la inversa es falsa (septiembre 2023, pregunta 3; febrero 2024, 2.ª semana, pregunta 18; septiembre 2024, pregunta 4). En las PEC se repite que en la constitutiva la inscripción «es una opción que no afecta a la validez del acto»: falso, porque sin inscripción el acto no produce efectos.
El valor probatorio
Art. 17 LRC
«1. La inscripción en el Registro Civil constituye prueba plena de los hechos inscritos. 2. Solo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuera posible certificar del asiento, se admitirán otros medios de prueba».
El Registro es un medio de prueba privilegiado y excluyente: tiene el monopolio probatorio de lo inscrito, salvo que los asientos se impugnen judicialmente. Cuando ese monopolio decae, la ley procura restablecer en seguida la exactitud del Registro:
Para admitir otras pruebas por falta de inscripción, hay que acreditar que previa o simultáneamente se ha instado la inscripción omitida o la reconstrucción del asiento (art. 17 LRC).
Quien impugne judicialmente hechos inscritos debe instar la rectificación del asiento (art. 16.3 LRC).
Todo ello se funda en la presunción de exactitud de lo inscrito (también llamada fe pública registral). Por ejemplo:
La inscripción de nacimiento hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su caso, filiación (art. 44.2 LRC).
La de matrimonio, del matrimonio y de su fecha y lugar, y produce el pleno reconocimiento de sus efectos civiles frente a terceros de buena fe (art. 59.5 LRC).
La de defunción, de la muerte y de su fecha, hora y lugar (art. 62.1 LRC).
La hora también consta
En la inscripción de nacimiento debe constar la fecha y la hora exacta; no solo la fecha, y desde luego no el santoral (febrero 2026, 1.ª semana, pregunta 16).
Para F. de Castro, las inscripciones son la verdad oficial de lo que acreditan y pueden verse como «título de legitimación» del estado civil.
6. La publicidad formal
Es todo lo relativo al conocimiento de los asientos y a los medios para obtenerlo; deriva del carácter público del Registro.
Los medios de publicidad
Consulta directa de los libros
Las notas que se tomen no prueban nada
Se da «sin garantía»: sin valor probatorio
Documento público, con pleno valor probatorio
A las certificaciones se las llamaba tradicionalmente partidas (de nacimiento, de matrimonio, de defunción). Con la Ley de 1957 no eran gratuitas, pero hoy todas las actuaciones del Registro Civil lo son (Ley 25/1986, de supresión de las tasas judiciales). Gratuidad más valor de documento público explican que sean el medio de acreditación habitual.
En la LRC de 2011:
La publicidad se da por certificación y por el acceso de las Administraciones y funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones (art. 80).
Las certificaciones se presumen exactas y son prueba plena de lo inscrito (art. 81).
Se expiden por medios electrónicos (excepcionalmente, no electrónicos) y, a petición del interesado, pueden ser bilingües (art. 81.2).
Pueden ser literales (todo el asiento) o en extracto; salvo petición expresa en contrario, se expiden en extracto (art. 82).
El carácter público del Registro
El Registro es público como regla general (art. 15.2 LRC), y se presume que quien pide una certificación tiene interés en conocer los asientos. Según el art. 15 LRC:
Los ciudadanos tienen libre acceso a los datos de su propio registro individual.
Sobre otra persona, cabe obtener información si consta la identidad del solicitante y existe un interés legítimo.
Los datos especialmente protegidos quedan sometidos a acceso restringido (arts. 83 y 84).
Datos con publicidad restringida (art. 83 LRC)
La filiación adoptiva y la desconocida.
La discapacidad y las medidas de apoyo.
Los cambios de apellido por ser víctima de violencia de género o su descendiente, y otros cambios de identidad legalmente autorizados.
La rectificación del sexo.
Las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
El matrimonio secreto.
La ausencia no está en la lista
Desde la LRC de 2011 sí hay datos con publicidad restringida, como la filiación adoptiva y la desconocida; la declaración de ausencia no es uno de ellos (febrero 2023, 1.ª semana, pregunta 13).
El Libro de familia
Era una libreta de tapas azules que se entregaba al inscribir el matrimonio (o en una adopción o el reconocimiento de un hijo no matrimonial). Recogía en extracto el matrimonio, la filiación, la separación, la nulidad y el divorcio, los hechos que afectaban a la patria potestad y la muerte de los hijos antes de su emancipación, y sus asientos valían como certificaciones.
Ya no se expiden
Con la Ley 20/2011 no se expiden más Libros de familia (disposición transitoria 3.ª), pero los ya expedidos conservan sus efectos.
7. El nuevo Registro Civil
La LRC de 1957 demostró calidad técnica, pero los cambios políticos, sociales y tecnológicos exigían una reforma profunda. Con la Constitución, la persona y sus derechos son el centro, y deben abandonarse las construcciones que definían el estado civil por el estado social, el sexo, la filiación o el matrimonio. Sus rasgos:
Historia registral propia de cada persona, equilibrando su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro.
Se suprimen las cuatro secciones tradicionales (nacimientos y general, matrimonio, defunciones, tutelas y representaciones legales) y se crea un registro individual con código personal.
Desjudicialización: lo llevan funcionarios públicos distintos de los que integran el poder judicial.
Registro único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.
Oficinas Generales, Oficina Central y Oficinas Consulares, todas dependientes de la DGRN. Hay una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Autónoma y otra más por cada 500 000 habitantes, con un Encargado al frente.
La inscripción puede pedirse en cualquier Oficina General, sin importar dónde ocurrió el hecho (art. 10 LRC), y en cualquiera de las lenguas oficiales del lugar.
Publicidad por certificación electrónica y por acceso de la Administración, que es el medio preferente: el ciudadano solo excepcionalmente tendrá que aportar certificaciones.
Aunque el Registro está excluido de la LO 15/1999, de Protección de Datos, los datos que afectan a la intimidad tienen especial protección: pertenecen a su titular, que es quien autoriza que se faciliten a terceros.