1. La ineficacia y sus clases
Un negocio jurídico es ineficaz cuando no llega a producir los efectos a los que estaba dirigido o deja de producirlos en un momento dado. El manual pone dos ejemplos: la donación sometida a condición suspensiva que nunca se cumple (el donatario muere sin acabar la carrera) y la venta que el empresario hace a su primo para que la finca no caiga en manos de sus acreedores.
Como la autonomía privada no se reconoce para jugar con ella, la ineficacia es, en sentido figurado, un supuesto patológico. Sus causas son tan variadas que cada autor las clasifica; el manual resta interés a esa tarea y sigue a F. Messineo:
B) Ineficacia en sentido estricto
Intrínseco a un elemento esencial del negocio
Extrínseco al negocio como acuerdo de voluntades
1. Nulidad. 2. Anulabilidad (según la gravedad)
Mutuo disenso, desistimiento unilateral, resolución por incumplimiento, rescisión, revocación, cumplimiento de la condición resolutoria, falta de la condición suspensiva
Qué se estudia aquí
Las condiciones ya se vieron. La revocación se entiende en negocios concretos (donación y mandato, sobre todo). Mutuo disenso, desistimiento y resolución pertenecen a la teoría del contrato. La rescisión, aunque se construyó para los contratos, tiene alcance más general y se estudia al final del tema.
2. La nulidad
Es la ineficacia más grave; por eso se habla de nulidad absoluta o de pleno derecho. La STS de 13 de febrero de 1985 la llama «la expresión del nada jurídico»: el ordenamiento no reconoce ningún efecto al negocio nulo, ni siquiera que exista como negocio.
Causas de nulidad
Según esa misma sentencia, hay nulidad cuando el acto contraría normas imperativas o prohibitivas o cuando le falta algún elemento esencial, porque según el art. 1261 CC no hay contrato sin consentimiento, objeto y causa. Como los arts. 1261 y siguientes son imperativos, la nulidad equivale en el fondo a contrariedad al Derecho imperativo. En detalle, son causas de nulidad radical:
1.
La carencia absoluta de cualquier elemento esencial. Quedan fuera los vicios de la voluntad, pero no la violencia absoluta. También falta el consentimiento cuando alguien se arroga falsamente la representación de otro (STS de 6 de abril de 1984).
2.
El incumplimiento de los requisitos del objeto: licitud, posibilidad y determinación.
3.
La ilicitud de la causa.
4.
La falta de forma sustancial en los negocios formales o solemnes.
5.
La contrariedad a las normas imperativas, la moral y el orden público (arts. 6.3 y 1255 in fine): es el llamado negocio ilegal.
6.
Los actos a título gratuito sobre bienes comunes realizados por un cónyuge sin el consentimiento del otro (art. 1322.2).
Gratuito, nulo; oneroso, anulable
Si el marido dona un cuadro común sin consentimiento de su esposa, el contrato es nulo (septiembre 2022, pregunta 11; septiembre 2025, modelo A, pregunta 15). Si vende bienes gananciales sin ese consentimiento, es anulable (apartado 3). Ninguno de los dos es rescindible.
Así lo preguntan
«Un contrato solemne que se celebre sin observar la forma determinada exigible es susceptible de: a) Nulidad. b) Anulabilidad. c) Anulable, pero se puede confirmar.» Respuesta: a), por falta de forma sustancial (septiembre 2025, modelo A, pregunta 13).
La acción de nulidad
Aunque sea nulo, un negocio celebrado crea una apariencia y, mientras no se destruya, sigue funcionando como si fuera válido. Para deshacerla está la acción de nulidad, que tiene dos caracteres:
Es imprescriptible: puede ejercitarse en cualquier momento.
Puede ejercitarla cualquier interesado en deshacer el negocio, también los terceros a los que perjudique. En la práctica la ejercitan más los terceros que las partes, porque quien genera la causa de nulidad no está legitimado (STS de 20 de junio de 1983). Entre las partes, solo puede accionar la que sufre una causa de nulidad imputable exclusivamente a la otra.
No prescribe a los cuatro años
La acción de nulidad es imprescriptible; el plazo de cuatro años es el de la anulabilidad (septiembre 2022, pregunta 12). Y el negocio nulo no lo es «en tanto se ejercite la acción»: lo es para el Derecho aunque nadie la ejercite (PEC diciembre 2021 y bancos de PEC posteriores).
Consecuencias de la nulidad
Regla general: la restitución. Como el negocio nulo no produce efectos, se vuelve al estado inmediatamente anterior a su celebración.
Art. 1303 CC
«Declarada la nulidad [...] los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses».
El precepto está pensado para la compraventa y debe adaptarse a cada tipo de negocio (STS de 22 de noviembre de 1983). Por ejemplo, en una donación de inmuebles nula por falta de forma sustancial no hay restitución recíproca. La restitución es, en principio, in natura (las mismas cosas); si no es posible, se devuelve el equivalente en dinero. El art. 1307, que el manual critica por exigir que la cosa se haya perdido, ordena restituir los frutos percibidos y el valor de la cosa cuando se perdió, con los intereses desde esa fecha.
Supuestos de ilicitud. Si el objeto o la causa son ilícitos, no se aplica el art. 1303: una simple restitución entre las partes no protegería el interés general (el manual imagina que un empleado del Museo del Prado hurta Las Meninas y las vende a un coleccionista). Rigen los arts. 1305 y 1306, según la ilicitud civil sea o no también un ilícito penal:
Hay delito o falta (art. 1305)
Causa torpe sin delito (art. 1306)
No tienen acción entre sí; se procede contra ellos y las cosas o el precio reciben el destino que el Código Penal da a los efectos e instrumentos del delito
Ninguno puede repetir lo que dio ni reclamar lo prometido por el otro
El no culpado puede reclamar lo que dio y no está obligado a cumplir lo prometido
El culpable no repite ni reclama; el ajeno a la causa torpe recupera lo dado sin obligación de cumplir
La «causa torpe» del art. 1306 es, para el manual, una expresión anacrónica que probablemente equivale a la causa y el objeto ilícitos.
La nulidad parcial
La nulidad total es rara en la práctica (y difícil de probar), pero la nulidad parcial es cada día más frecuente. Se da cuando el negocio es correcto en lo esencial (consentimiento, objeto, causa y forma), pero contiene una o varias cláusulas ilegales, contrarias a una norma imperativa.
Cláusulas nulas en negocios válidos
Vender una vivienda de protección oficial por encima de los módulos legales; un préstamo con un interés superior al máximo fijado por el Banco de España; pactar que la renta de un arrendamiento rústico se actualice con los índices incrementados en un 25 por 100; o que el comprador renuncie a los planos que deben entregársele conforme al art. 64 TRLCU, en relación con la LOE.
El Código no resuelve el problema con carácter general, pero de varias normas concretas se deduce el principio: las cláusulas nulas se tienen por no puestas y se mantiene el negocio (principio de conservación del negocio jurídico). Es el criterio habitual del Tribunal Supremo. El vacío se llena por interpretación y, sobre todo, por integración, a veces automática (el precio legal de la vivienda, la entrega obligatoria de los planos). Solo rara vez, si sin esas cláusulas el negocio ya no responde a lo que las partes querían, procede la nulidad total.
Así lo preguntan
«El principal efecto de la nulidad parcial de un contrato es: a) Considerar la cláusula que no sea válida como no puesta o inexistente. b) Invalidar todo el contrato [...]. c) Ambas respuestas son correctas.» Respuesta: a) (septiembre 2023, pregunta 9; febrero 2025, 2.ª semana, modelo B, pregunta 5).
3. La anulabilidad
El negocio anulable puede impugnarse, pero si nadie lo anula sigue produciendo efectos, también ante el Derecho. Es una invalidez mucho menos grave que la nulidad, y su régimen se separa claramente del de esta.
Causas de anulabilidad
1.
Los vicios de la voluntad o del consentimiento: error, violencia (no absoluta), intimidación y dolo.
2.
Los contratos de menores no emancipados, salvo los que pueden celebrar válidamente por sí mismos (arts. 1263 y 1302.2 CC).
3.
Los contratos de personas con discapacidad que prescinden de las medidas de apoyo cuando eran precisas, conforme a la Ley 8/2021, de 2 de junio (arts. 269, 1301 y 1302.3 CC).
4.
La falta de consentimiento del otro cónyuge en actos onerosos cuando la ley exige el de ambos (art. 1322; cfr. arts. 1320 y 1377).
Así lo preguntan
«Los actos realizados por personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo [...] cuando dichas medidas fueren precisas podrán ser: a) Anulables en el plazo de cuatro años. b) Rescindibles. c) Nulos.» Respuesta: a) (febrero 2023, 2.ª semana, pregunta 5).
STS 64/2018, de 10 de enero
Un tutor permutó un inmueble del tutelado sin la autorización judicial previa. Frente a sentencias que aplicaban el art. 1259 y declaraban nulo el acto, el Supremo optó por la anulabilidad: admite la confirmación (art. 1309), impide que el otro contratante revoque y somete la impugnación a un plazo de cuatro años, en coherencia con la seguridad jurídica. Lo respalda el art. 61 de la Ley 15/2015, de la jurisdicción voluntaria.
La acción de anulabilidad
Ojo con la terminología: el Código la llama «acción de nulidad» (arts. 1301 y siguientes). Por eso algunos autores prefieren hablar de nulidad absoluta (nulidad) y nulidad relativa (anulabilidad). Su alcance es mucho más limitado que el de la acción de nulidad.
Plazo. Según el art. 1301.1, la acción «solo durará cuatro años»: es un plazo de caducidad. Su rigor se atenúa porque el día inicial varía según la causa:
El plazo empieza a correr
Desde la consumación del contrato (que el manual asimila a su perfección o celebración)
Desde que salen de la patria potestad o la tutela
Falta de consentimiento del cónyuge
Desde la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes hubiera tenido conocimiento suficiente del acto
Discapacidad sin los apoyos precisos
Desde la celebración del contrato
Cuatro años, no cinco
El examen ofrece cinco años o «no caduca nunca». La respuesta es cuatro años (septiembre 2023, pregunta 10; febrero 2025, 1.ª semana, modelo A, pregunta 8).
Legitimación activa. Solo pueden ejercitarla:
Quien sufrió el vicio o era incapaz para el negocio (por minoría de edad o por discapacidad con necesidad de apoyo).
Quienes, sin ser parte, asumen obligaciones por el negocio: «los obligados principal o subsidiariamente» (art. 1302.1). Ejemplo: el fiador del préstamo viciado por error que recibe mi hermana.
En los contratos de menores, sus representantes legales o ellos mismos al llegar a la mayoría de edad.
En los de personas con discapacidad que prescindieron del apoyo: ellas mismas, con el apoyo que precisen; sus herederos, por el tiempo que faltara del plazo; y la persona que debía prestar el apoyo, pero esta solo si el otro contratante conocía las medidas de apoyo o se aprovechó de la situación obteniendo una ventaja injusta (art. 1302).
Por buena fe, no pueden impugnar los causantes del error, la violencia, la intimidación o el dolo, ni las personas capaces que contrataron con los incapaces (art. 1302).
Efectos de la anulabilidad
Contra lo que pediría la lógica, los efectos son sustancialmente los mismos que los de la nulidad: restitución conforme al art. 1303 y sus normas complementarias, porque la sentencia de anulación es retroactiva. Hay que añadir:
Art. 1304: si la nulidad procede de la minoría de edad, el menor solo restituye en cuanto se enriqueció con la prestación recibida. La regla se aplica también a quien prescindió de los apoyos precisos, siempre que el otro contratante conociera las medidas de apoyo o se hubiera aprovechado obteniendo una ventaja injusta.
Los arts. 1305 y 1306 (ilicitud) solo se aplican a la nulidad radical.
Art. 1307 (pérdida de la cosa: frutos y valor, con intereses) y art. 1308: «Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba».
Si los efectos de ambas acciones son análogos, ¿por qué distinguir tanto? La respuesta está en el apartado siguiente.
4. La pervivencia de los negocios jurídicos inválidos
Las causas de invalidez y su posible sanación
Para el manual, la diferencia no está en lo que ocurre cuando se ejercita la acción, sino en lo que ocurre cuando no se ejercita. Mientras no haya sentencia, ambos negocios siguen funcionando de hecho, pero el Derecho los trata de forma opuesta:
El nulo sigue siendo nulo: es una mera apariencia que, «aunque se junte el cielo con la tierra», nunca verá sanados sus vicios. De ahí la acción imprescriptible y la legitimación amplia.
El anulable no impugnado (por ejemplo, por caducidad) queda convalidado: sus causas no atentan contra el orden público, sino contra el interés de un particular, y la seguridad jurídica prevalece si este no se defiende.
Disponible frente a indisponible
Las causas de anulabilidad son disponibles y, por tanto, sanables. Las de nulidad son de derecho necesario, absolutamente indisponibles, porque atentan contra el orden público.
Cuatro años, de caducidad (art. 1301)
Cualquier interesado, incluso terceros
Quien sufrió la causa y los obligados por el negocio
No cabe (se discute la conversión)
Restitución (arts. 1303 y 1307); ilicitud: arts. 1305-1306
Restitución, con el art. 1304
La confirmación del negocio anulable
Si las causas de anulabilidad son renunciables, es lógico que haya un medio para sanar el negocio antes de que la acción caduque: la confirmación (a veces llamada, de forma criticable, ratificación: STS de 21 de mayo de 1984).
Art. 1313 CC
«La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración».
Es, por tanto, retroactiva, y extingue la acción de anulabilidad (art. 1309). Para que sea válida:
Debe hacerla quien está legitimado para impugnar (arts. 1312 y 1302).
Debe conocer la causa de anulabilidad y esta debe haber cesado (art. 1311).
Puede ser expresa o tácita. Es tácita cuando el legitimado «ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo» (art. 1311).
Confirmación tácita
Un menor compra a plazos, por error y contra la voluntad de su padre, un ordenador que no le sirve. Para evitarse la bronca, va cada mes a la tienda hasta pagar los treinta y seis plazos.
La denominada conversión del negocio nulo
Por simetría con la confirmación, se afirma que el negocio nulo puede convertirse: reconducirse a otro tipo negocial para el que sí es válido. El ejemplo clásico es el comodato oneroso (inadmisible por el art. 1741), que debería tratarse como arrendamiento, porque ceder el uso a cambio de precio es la causa típica de este.
Conversión, con reservas
El manual es escéptico: el Código no la contempla, cuesta generalizarla aun con el principio de conservación, exigiría que el negocio nulo reúna los requisitos del válido y no puede prescindir de la voluntad de las partes. El ejemplo del comodato oneroso sería, para el autor, una simple calificación convencional errónea. La confirmación es solo para los anulables.
5. La rescisión
La rescisión es una ineficacia que procede de un momento posterior a la celebración: el contrato nace plenamente válido, pero puede declararse ineficaz por sus efectos lesivos para una de las partes o para un tercero (art. 1291). El Código la regula para los contratos, pero preceptos dispersos la extienden a otros negocios.
Art. 1290 CC
«Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley».
Causas de rescisión
A) Lesión, es decir, perjuicio patrimonial para una de las partes:
1.
Los contratos que puedan celebrar los tutores sin autorización judicial, si el representado sufre lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas. La Ley 8/2021 añadió en el art. 1291.1 los celebrados por los curadores con facultades de representación. Presupuesto imprescindible: que el contrato no requiera autorización judicial (el tutor vende un coche de segunda mano por la mitad del precio de las revistas especializadas).
2.
Los celebrados en representación de ausentes, con la misma lesión, si no hubo autorización judicial (arts. 1291 y 1296).
3.
La partición de la herencia, con lesión en más de la cuarta parte según el valor de las cosas al adjudicarse (art. 1074).
Fuera de estos casos, concluye el art. 1293, «ningún contrato se rescindirá por lesión».
Menor, tutor con autorización y tutor sin ella
Contrato del menor por sí solo: anulable, no rescindible.
Contrato del tutor con autorización judicial: no rescindible; el menor podrá exigir la responsabilidad del Juez que la concedió.
Contrato que necesitaba autorización y el tutor celebra solo: el manual lo califica aquí de nulo, por faltar esa condicio iuris.
Recuerda, sin embargo, que en el apartado 3 el propio manual expone la STS 64/2018, que para un caso así optó por la anulabilidad.
B) Fraude, es decir, negocios celebrados para engañar y perjudicar a terceros:
1.
Los contratos en fraude de acreedores, cuando estos no puedan cobrar de otro modo (art. 1291.3). El fraude se presume en todas las enajenaciones gratuitas y, en las onerosas, cuando el transmitente ha sido condenado judicialmente o los bienes estaban embargados (art. 1297).
2.
Los contratos sobre cosas litigiosas celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de los litigantes o del juez (art. 1291.4).
3.
Los pagos hechos en estado de insolvencia de obligaciones que el deudor aún no podía ser compelido a cumplir (art. 1292).
El Tribunal Supremo interpreta estas normas de forma extensiva (STS de 29 de mayo de 1985), y su doctrina reiterada considera que el fraude puede consistir tanto en la intención de perjudicar como en la simple conciencia de hacerlo.
Así lo preguntan
«Los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando estos no pueden cobrar de otro modo lo que se les deba, son: a) Anulables. b) Rescindibles. c) Nulos de pleno derecho.» Respuesta: b) (febrero 2024, 1.ª semana, pregunta 2; febrero 2026, 1.ª semana, modelo A, pregunta 22).
C) Otros motivos. El art. 1291.5 remite a cualquier otro caso que la ley determine. El Código usa el término en varios artículos (1074, 1469, 1479, 1483...), pero, salvo en el 1074, es dudoso que se trate de verdadera rescisión.
La acción rescisoria
Su efecto propio es la «devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses» (art. 1295): volver al estado anterior. Para ello se exigen tres requisitos:
1.
Que el perjudicado no tenga otro recurso legal para reparar el perjuicio (art. 1294): es una acción subsidiaria.
2.
Que el perjudicado pueda devolver lo que le corresponda (art. 1295).
3.
Que las cosas no estén legalmente en poder de terceros de buena fe (art. 1295.2); si lo están, solo cabe reclamar la indemnización al causante de la lesión (art. 1295.3).
El plazo es de cuatro años, como el de la anulabilidad (art. 1299, párrafo primero; también el art. 37 de la Ley Hipotecaria para enajenaciones fraudulentas de inmuebles inscritos a nombre de quien no sea tercero hipotecario). Corre desde la celebración del negocio, salvo que, según el art. 1299.2 tras la Ley 8/2021, «para los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo que establezcan facultades de representación, y para los ausentes, los cuatro años no empezarán a computarse hasta que se extinga la tutela o la medida representativa de apoyo, o cese la situación de ausencia legal».
Eficacia restitutoria e indemnizatoria
El efecto fundamental es restitutorio: devolver todo lo entregado (cosa y precio, o las cosas en una permuta). Si la devolución es imposible, porque las cosas han desaparecido o están en manos de terceros protegidos, la acción se transforma en indemnizatoria, con carácter subsidiario (arts. 1295.1 y 1295.3). Puede alcanzar incluso al adquirente de mala fe: quien adquirió de mala fe cosas enajenadas en fraude de acreedores debe indemnizarles los daños si por cualquier causa no puede devolverlas (art. 1298).
Defecto grave de un elemento esencial o ilicitud
Vicio, minoría, apoyos omitidos, falta de consentimiento conyugal (onerosos)
Lesión o fraude en los casos legales
Cuatro años, acción subsidiaria